En Ecuador, muchas empresas que participan en contratación pública se enfrentan a un mismo problema: haber cumplido con la entrega de bienes, servicios u obras, pero no recibir el pago en los plazos establecidos. La falta de pago en contratos públicos no solo afecta la liquidez de la empresa, sino que puede comprometer el cumplimiento con proveedores, trabajadores y acreedores. Ante este escenario, es fundamental conocer cuáles son los mecanismos legales y administrativos para exigir el pago y evitar mayores perjuicios.
1. Revisar el contrato y las condiciones de pago
El primer paso siempre es revisar las cláusulas contractuales. Todo contrato público debe establecer los plazos y formas de pago, generalmente sujetos a certificaciones presupuestarias y la presentación de facturas o planillas. Identificar si el retraso se debe a un incumplimiento de la entidad contratante o a un requisito pendiente de la empresa es clave antes de iniciar cualquier acción.
2. Solicitar el pago por la vía administrativa
Al verificar que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones contractuales (entrega de bienes, servicios u obras, y presentación de las facturas o planillas correspondientes), el paso inmediato es presentar una solicitud formal de pago ante la máxima autoridad de la entidad contratante. Este requerimiento no es solo un trámite. Encuentra respaldo en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su Reglamento General y el Código Orgánico Administrativo:
- La LOSNCP establece que los pagos deberán realizarse conforme a lo pactado en el contrato, situación que debe preverse incluso desde los pliegos en la etapa precontractual. Debe efectuarse dentro de los plazos previstos, siempre que exista la certificación presupuestaria y se hayan cumplido los requisitos administrativos.
- El Reglamento General a la LOSNCP precisa que la entidad contratante es responsable de procesar los pagos en los tiempos estipulados. Además debe practicarse la validación técnica y financiera del contrato.
Cada institución del Estado suele emitir reglamentos internos o manuales de gestión contractual. Por ejemplo, algunos ministerios, empresas públicas, municipios, detallan el procedimiento interno para la administración de los contratos o tramitar pagos. Estos documentos definen los plazos y responsabilidades de las áreas de administración de contratos, financiero-contable y tesorería. Le corresponde al contratista invocarlos al momento de exigir el cumplimiento.
En la práctica, el contratista debería presentar un escrito de solicitud de pago, dirigido a la máxima autoridad administrativa o directamente al administrador del contrato, Indicando su cumplimiento, mediante planillas o facturas aprobadas, actas de entrega-recepción y certificación presupuestaria. Debe fundamentar su petición en los artículos pertinentes de la LOSNCP y su Reglamento, dejando constancia de la mora de la entidad contratante. En lo posible, citar la normativa interna de la institución, si regula plazos específicos de pago, reforzando que la obligación ya se encuentra devengada.
Dejar este rastro documental es clave. Si la entidad continúa en mora, el contratista tendrá un sustento sólido para acudir a recursos administrativos o incluso a la vía contencioso administrativa.
3. Acciones judiciales: el cobro de lo debido
Cuando la entidad contratante mantiene la mora pese a la solicitud formal de pago y la interposición de recursos administrativos, el contratista puede acudir a la vía judicial. En este escenario, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para resolver los conflictos derivados de los contratos públicos.
- Procede contra actos administrativos expresos (resoluciones de negativa de pago) o contra omisiones (silencio administrativo frente a las solicitudes).
- l contratista no solo tiene derecho al capital adeudado, sino también a intereses por mora (LOSNCP, art. 74).
- En casos de perjuicios adicionales —por ejemplo, daños ocasionados por incumplimientos prolongados que afecten a proveedores o trabajadores— es posible incluir una reclamación por daños y perjuicios.
En cualquier escenario, la asesoría legal especializada es indispensable para asegurar la correcta selección de la vía procesal y evitar dilaciones que puedan afectar aún más la liquidez de la empresa.
4. Recomendaciones al momento de licitaciones
Más allá de resolver el problema actual, en materia de contratación pública y sus procesos de licitación, es recomendable que las empresas tomen precauciones al contratar con el Estado:
- Verificar la solvencia presupuestaria de la entidad contratante.
- Mantener registros documentales impecables.
Conclusión
La demora o falta de pago en contratos públicos en Ecuador no es un problema menor. Compromete la liquidez, la estabilidad financiera y la capacidad de crecimiento de las empresas. Sin embargo, la normativa ofrece herramientas claras para exigir lo que corresponde, desde la solicitud administrativa hasta las acciones judiciales.
Lo más importante es actuar de manera oportuna y estratégica, documentando cada paso y acudiendo a los recursos legales disponibles. No se trata solo de cobrar una obligación, sino de proteger la continuidad del negocio y garantizar que la relación con el Estado sea sostenible en el tiempo.
En Legal Access contamos con experiencia acompañando a empresas en procesos de contratación pública, desde la firma del contrato hasta el reclamo de pagos atrasados.
Si tu empresa enfrenta demoras o falta de pago en un contrato público, contáctanos para una consulta inicial y evalúa con nosotros la mejor estrategia legal para recuperar lo que te corresponde.