Participar en una contratación pública no siempre es sencillo. Muchas empresas o profesionales cuentan con la experiencia necesaria, pero no alcanzan por sí solos la capacidad técnica, operativa o financiera que exigen los pliegos. Frente a esta realidad, la normativa ecuatoriana permite una alternativa estratégica: participar mediante consorcios y asociaciones en licitaciones públicas.
No obstante, aunque esta figura facilita el acceso a contratos con el Estado, también implica obligaciones formales y responsabilidades legales relevantes que deben conocerse antes de presentar una oferta conjunta. En este artículo te explicamos qué son los consorcios y asociaciones en licitaciones públicas, cómo se conforman y cuáles son los principales riesgos que deben prevenir los proveedores.
En el ámbito de la contratación pública, tanto el consorcio como la asociación permiten que dos o más personas naturales o jurídicas presenten una oferta conjunta para contratar con el Estado.
Si bien en la práctica suelen utilizarse como términos similares, es importante comprender su alcance:
En ambos casos, la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública permite que los proveedores participen como un solo oferente, sumando experiencia, capacidad técnica o recursos económicos.
Esta figura resulta especialmente útil cuando:
La normativa permite que los consorcios y asociaciones en licitaciones públicas presenten su oferta conjunta acompañada de un compromiso de asociación o consorcio.
En términos prácticos, el proceso implica:
La correcta estructuración desde el inicio es determinante para evitar conflictos posteriores.
Aunque los consorcios y asociaciones en licitaciones públicas participan como un solo oferente, cada integrante debe cumplir condiciones básicas dentro del sistema de contratación pública.
Entre los aspectos más relevantes están:
Antes de asociarse, es indispensable revisar cuidadosamente los pliegos y confirmar que, en conjunto, se cumplen todas las exigencias.
Uno de los aspectos más relevantes es la responsabilidad legal que asumen los integrantes.
Frente a la entidad contratante, el consorcio o asociación se considera un solo contratista. Esto implica que la responsabilidad por el cumplimiento del contrato es solidaria.
En consecuencia:
Aunque internamente se acuerde una división de tareas, frente al Estado la obligación es conjunta.
Los consorcios y asociaciones en licitaciones públicas son una herramienta estratégica, pero mal estructurados pueden convertirse en una fuente de contingencias legales.
Entre los errores más frecuentes están:
Estos errores pueden generar incumplimientos, terminaciones anticipadas del contrato, sanciones administrativas e incluso inhabilitaciones para contratar con el Estado.
Por ello, es recomendable contar con asesoría especializada antes de presentar una oferta conjunta.
Los consorcios y asociaciones en licitaciones públicas permiten que varios proveedores unan capacidades para acceder a contratos con el Estado. Sin embargo, esta figura no solo implica ventajas estratégicas, sino también formalidades legales y una responsabilidad compartida que debe asumirse con plena conciencia.
Entender cómo se forman, qué exige la normativa y cuáles son los riesgos más comunes es fundamental para evitar descalificaciones, conflictos internos y sanciones durante la ejecución del contrato.
Si estás pensando en participar en un proceso de contratación pública mediante un consorcio o asociación, es clave estructurar correctamente la relación desde el inicio. Para recibir asesoría especializada en contratación pública, puedes contactarnos con un clic aquí.